EL CARDENAL CIPRIANI AVALA LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE

 

(COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ATEOS)

 

Dejó abierta la posibilidad de que la Iglesia avale la aplicación de la pena de muerte a los violadores de menores de edad que causen la muerte de sus víctimas.

 

La FIdA exige una postura clara por parte del Vaticano, solicita un listado de pedófilos católicos e insta a la Iglesia Católica a adherirse a la Declaración Universal de Derechos Humanos

 

 

Las recientes declaraciones del cardenal peruano Juan Luis Cipriani, dejando abierta la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte en determinadas circunstancias y apelando al punto 2266 del Catecismo de la Iglesia Católica, no hacen más que aumentar la brecha existente entre las legítimas aspiraciones de la sociedad civil y el engreimiento criminal de la cúpula católica.

 

Ya hace tres años Cipriani hizo notoria su posición crítica con la Comisión para la Verdad y Reconciliación, que investigó las violaciones de los DDHH en Perú durante el período 1980-2000. Durante la época de la guerra sucia, llegó a colocar un cartel en el arzobispado de Ayacucho en el que decía "Aquí no se atienden reclamos de Derechos Humanos". No era una simple provocación por su parte. La Comisión de la Verdad sabía que el monseñor mantenía estrechas relaciones con los jefes militares, pero en sus conclusiones ignoró la directa complicidad de Cipriani con los crímenes cometidos contra campesinos y dirigentes sindicales, y nada dijo de su conocimiento detallado de las desapariciones, las matanzas, las torturas y las fosas comunes. Quizá porque el presidente de la CVR era por entonces el rector de la Pontificia Universidad Católica.

 

Cipriani parece querer hoy congraciarse a la vez con la justicia divina y con el nuevo presidente electo de Perú, sin salirse además un ápice de la doctrina de la Iglesia. Apelando al neotomismo medievalista de moda entre algunos dirigentes católicos, alcanza el prelado a justificar la pena máxima atendiendo a la “preservación del bien común” y en casos de extrema gravedad. Menciona concretamente aquellos en los que se produzca violación y muerte de menores. En tales circunstancias, la Iglesia podría avalar la aplicación de la pena de muerte, afirmó Cipriani, saliendo así en defensa de la iniciativa propuesta por Alan García.

 

Quizá deba sobreentenderse que el Cardenal se refiere tan solo a los pedófilos laicos, y no a los eclesiásticos, ya que resulta sobradamente conocida la impunidad y el apoyo que tales canallas reciben tanto de las autoridades católicas de sus respectivos países como de la propia curia vaticana.

 

Por ello, La Federación Internacional de Ateos (FIdA) hace un llamamiento a la Iglesia Católica y al Estado Vaticano solicitándoles una clara postura con respecto a la derogación final y definitiva -sin exclusiones- de la posibilidad de la pena de muerte, que por causas no definidas se siguen contemplando en base a su curiosa doctrina.

 

La pena de muerte fue abolida del derecho penal del Estado Vaticano en 1969, pero hasta el año 2000 no fue eliminada de la constitución estatal. El intento de desinformación de Cipriani es integrista e ilegal, al pretender justificar la pena máxima en estados distintos de aquel donde únicamente podrían aplicar su propia legislación -el Estado Vaticano-.

 

Asimismo, solicitamos claridad y homogeneidad en la imposición de penas ejemplares a los delincuentes que realicen tales abominables prácticas bajo el amparo de los símbolos de su pertenencia a ese credo, incluyendo un listado de pedófilos católicos que permitan a los seguidores de su religión proteger a sus hijos de padecer y sufrir a tales delincuentes.

 

Por otra parte, la ampliación en Perú de las causas de la pena de muerte implicaría la renuncia al Pacto de San José de Costa Rica y dejar de ser parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto dejaría a los peruanos y peruanas sin un mecanismo internacional fundamental de protección de sus derechos en caso el Estado los viole, como advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La iniciativa del jefe del Estado pondría al Perú al margen del sistema legal interamericano.

 

Por ello, solicitamos al Presidente Alan García que dé marcha atrás en su iniciativa del nuevo Proyecto de Ley, e instamos al Estado Vaticano a firmar y asumir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ningún gobernante de dicho Estado ha suscrito todavía desde su proclamación en el año 1948, resultando paradójicamente conocido el abusivo empleo de la expresión "Derechos Humanos" por parte de sus representantes.

 

www.federacionatea.org